Colombia Policy Watch 

January 2013

Communities in Arauca block and protest against oil-extracting transnational corporations

Around 1500 people who belong to social movement organizations in Arauca, Colombia began a peaceful mobilization on January 21^st which continues today. The protesters are permanently blocking several operation areas of oil-exploiting transnational corporations, Occidental Petroleum (a US company), Pacific Rubiales, British Petroleum and Ecopetrol. The "Peaceful mobilization advancing demands for oil-transnationals and the Colombian state," seeks to oppose the pillage and exploitation of natural resources and to expose the historic debt that the state and transnationals have with the local communities affected by environmental degradation and social disruption.

   

The mobilization stems from an earlier protest last year (April 10-May 8) that pushed the government to agree to establish local forums for community input on extractive industries and their impact. However, not all the promised forums were established and the community viewed the few platforms as a disrespectful and insufficient attempts. Spokesperson Alonso Campiño stated: "this time we will not stop our mobilization or get up from the table with a simple signed agreement. This time we will mobilize as we discuss and sign agreements." Interlocutors are explicitly requesting a presidential decree that guarantees judicial protection for negotiating tables that seeks to make the government and the involved companies comply with the commitment to listen to social organizations.

On January 30^th the coalition of social movement organizations released a written update from a meeting they held with government and corporate officials two days earlier In the meeting, the government recognized that it had not fulfilled the commitments it made in May of 2012 and acknowledged that the involved companies had also failed to comply with their promises toward the community. The government promised to put into effect a decree, agreed upon at this and subsequent regional meetings, by February 18^th. Finally, while the statement warned that any act of sabotage from the involved companies would intensify the protests and yield an all-encompassing civic strike, the organizers also called on to insurgent groups to abstain from offensive military attacks and to claim responsibility for previous aggressions.

USOC will continue to monitor the developments in Arauca, being especially attentive to possible stigmatizations or unfounded criminal charges brought against social movement organizers for their involvement in the protests. In Arauca, over 3,000 community and campesino leaders have had unfounded criminal proceedings brought against them over the last decade utilizing a special unit of the Attorney General's Office, which operates from within the Brigada 30, to accuse social leaders and criminalize protests. Following USOC's accompaniment of a delegation of social movement leaders from Arauca that came to D.C. in December 2012, we will work with the US officials to monitor the events related to this protest and ensure guarantees for these human rights and environmental defenders. 

Comunidades en Arauca bloquean y protestan contra transnacionales petroleras

Cerca de 1500 personas pertenecientes a organizaciones sociales en Arauca, Colombia comenzaron mobilizaciones pacificas en Enero 21 y continúan hasta hoy. Quienes protestan han bloqueado permanentemente el área de operaciones de las compañías petroleras transnacionales Occidental Petroleum (compañía Estadounidense), Pacific Rubiales, British Petroleum y Ecopetrol. "La Jornada de movilización pacífica de exigencias a las transnacionales petroleras y al Estado colombiano" busca oponerse al saqueo y la explotación de nuestros recursos naturales y exponer la deuda histórica que el estado y las transnacionales tienen con las comunidades locales afectadas por la degradación ambiental y la disrupción social.

La movilización surge de una protesta anterior el año pasado (Abril 10 a Mayo 8) que presionó al gobierno para que acordara establecer mesas de diálogo para recibir las perspectivas de las organizaciones de la comunidad sobre el impacto de la industria extractiva. Sin embargo, no todas las mesas fueron establecidas y las pocas plataformas que se crearon fueron vistas como irrespetuosas e insuficientes por la comunidad. El vocero Alonso Campiño aseguró que "esta vez no nos vamos a levantar de una mesa con un acta firmada, sino que esta vez vamos a ir firmando y negociando un acto a medida que se da cumplimiento por parte del gobierno." Los interlocutores están explicitamente pidiendo que se expida un decreto presidencial que garantice la protección jurídica para las mesas de negociación que buscan que el gobierno y las compañias involucradas cumplan con sus compromisos de escuchar a las organizaciones sociales.

El 30 de enero la coalición de organizaciones del centro-oriente de Colombia publicó un comunicado de actualización sobre una reunión que sostuvieron dos días antes con el gobierno y oficiales de las compañías. En esta reunión el gobierno reconoció que no había cumplido con los compromisos que firmó en Mayo del 2012 y concordó con que las compañías también habían fallado en cumplir sus promesas a la comunidad. El gobierno prometió poner en efecto un decreto presidencial, acordado en esta y próximas reuniones regionales, para el día febrero 18. Finalmente, mientras que el comunicado advirtió que cualquier acto de sabotaje por parte de las transnacionales intensificaría las protestas e induciría a un paro cívico, los organizadores también hicieron un llamado a los grupos insurgentes para que se abstengan de realizar ofensivas militares y que clarifiquen su responsabilidad en previas agresiones.

USOC continuara haciéndole seguimiento al desarrollo de la protesta en Arauca, concentrándonos especialmente en los posibles señalamientos y judicializaciones en contra de organizadores de movimientos sociales por su vinculación a esta jornada. En Arauca, más de 3,000 líderes comunitarios y campesinos han sido judicializados en la última década a través de la unidad especial de la Fiscalía, quien opera desde la Brigada 30 y señala a líderes sociales y judicializa las protestas. En línea con nuestro acompañamiento de una delegación de Arauca que visitó D.C. en diciembre del 2012, trabajaremos con oficiales estadounidenses para monitorear los hechos relacionados con esta protesta y para que existan garantías para con los defensores de derechos humanos y medio-ambientales. 

Miners' strike and increased military activity reveal large-scale mining negative effect on human rights

While employees from the company controlling the largest coal open-pit mine in the world are going on a strike on February, increased military presence in the mineral-rich area of southern Bolivar has threatened local communities' safety. In La Guajira, employees from the Cerrejón Company are demanding not only higher wages, but recognition of the severe health problems triggered by open-pit mining and halting the corporation's project to modify a river that sustains indigenous peoples' livelihoods in the area. In Sur de Bolívar, community organizations from the Serranía de San Lucas are warning against the danger of military officers partnering up with paramilitary forces to persecute the ELN. Communities fear that increased military offenses seeking to rescue the mining engineers kidnapped by the ELN on January 18th will inadvertently trap the civilian population in the crossfire. What ties these two stories together is the growing number of conflicts in Colombia around large-scale mining projects because of their social, environmental and human rights impacts. 

This spring, USOC will be releasing a report that exposes the nexus between transnational mining projects and human rights violations. The report will provide in-depth accounts of three emblematic cases that demonstrate how the entry of multinational corporations to mineral-rich areas in Colombia is threatening to increase repression and stigmatization of social movements, displace communities and violate free, prior and informed consent laws for indigenous and Afro-Colombian populations.

Huelga de mineros e incrementos en la actividad militar revelan el efecto negativo de la minería a gran escala en los derechos humanos

 

Mientras que los empleados de la compañía que controla la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo se irán a la huelga este mes de febrero, el incremento en la presencia militar en el área rica en recursos mineros del Sur de Bolívar amenaza la seguridad de las comunidades locales. En la Guajira, los empleados piden al Cerrejón no sólo un incremento en los salarios, sino el reconocimiento de que las severas enfermedades de los trabajadores han sido causadas por las tecnicas de minería a cielo abierto y que la compañía renuncie al proyecto de modificar un río que sostiene la vida de la población indígena que vive en el

área. En el Sur de Bolívar, las organizaciones comunitarias de la Serranía de San Lucas advierten sobre el peligro de que oficiales miltares establezcan alianzas con fuerzas paramilitares con el fin de perseguir al ELN. Las comunidades temen que el incremento en las ofensivas militares que tratan de rescatar a los ingenieros mineros secuestrados por el ELN en enero 18 atrape inadvertidamente a la población civil dentro del fuego cruzado. Lo que une a estas dos historias es el creciente número de conflictos en Colombia alrededor de proyectos de minería a gran escala dados sus impactos en los derechos humanos, sociales y medio-ambientales.

Esta primavera, USOC publicará un reportaje sobre el vínculo entre los proyectos de la minería transnacional y las violaciones a los derechos humanos. El reportaje proveerá descripciones a fondo de tres casos emblemáticos que demuestran como la entrada de corporaciones multinacionales a aéreas ricas en recursos minerales en Colombia está amenazando con incrementar la represión y estigmatización de movimientos sociales, desplazar comunidades y violar la leyes de la consulta previa, libre e informada para pueblos afro e indígenas.

 Outreach and Advocacy 

USOC's Executive Director just attended the annual meeting of the Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) in order to coordinate advocacy agendas for the coming year. The CCEEU is a platform of over 200 human rights organizations throughout Colombia, and one of USOC's main partners in Colombia.

USOC is also in the process of preparing for the annual human rights certification consultation with the Department of State where we will oppose certification based principally on the passage of the military jurisdiction law.

   

Acciones y Campañas 

La directora ejecutiva de USOC acabo de asistir la reunión anual de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) que se lleva a cabo para coordinar agendas de acciones y campañas para el próximo año. La CCEEU es una plataforma de más de 200 organizaciones de derechos humanos a lo largo y ancho de Colombia, y una de las compañeras principales de USOC.

USOC también se encuentra en el proceso de preparación para la consultoría de certificación de derechos humanos con el Departamento de Estado donde nos opondremos a la certificación basados principalmente en la aprobación de la ley de la jurisdicción militar.