Avalanche of human rights violations reported in Bogotá l Avalancha de Violaciones a los Derechos Humanos en Bogotá

Monica Naranjo, Ombudswoman for Human Rights in Colombia, appealed for increased assistance as allegations of human rights violations reached alarming levels in the nation’s capital, Bogotá. As the Colombian daily newspaper El Espectador reports, she called for additional employment in the Bogotá office, which is currently served by just one ombudsman. The office is receiving hundreds of allegations every day.

Three particular issues have caused the increased intensity in Bogotá: death threats, forced disappearances, and forced displacement.

Naranjo expressed her concern for the plight of the thousands of displaced currently living in the parks and streets of the nation’s capital. Every day 50 more families arrive in Bogotá having been displaced as a result of the country’s conflict. More than 1,000 internally displaced Colombians from across the country recently occupied a central park for four months in protest at the lack of government solutions. The Mayor of Bogotá, Samuel Moreno, fears the issue is getting out of control.

A further issue that has impacted significantly on Bogotá is that of forced disappearances. Whilst the disappeared are often dismissed as having joined illegally armed groups, the Ombudsman for Bogotá, Francisco Rojas Birry, has consistently denounced that on many occasions those disappeared from Bogotá have in fact been taken by the military, killed, and presented as guerrilla combatants downed in combat. Indeed 11 cases are currently in a judicial process, with 70 soldiers on trial, in what has become known as the ‘false-positive’ scandal. Only a fraction of the alleged cases have entered a judicial process. Rojas called for a mechanism to enable a quick response to complaints regarding disappearances and ‘false-positives’.

The Ombudsman’s Office in Bogotá has also had to deal with the recent wave of threatening leaflets that have surfaced in various parts of the capital. The threats warn of ‘social cleansing’ and, in the zones where the leaflets have been dispersed, fear is widespread; after nine pm, very few dare to leave their homes.

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La Personera delegada para los derechos humanos, Monica Naranjo, solicitó incrementar la asistencia para la defensoría regional de Bogotá como resultado del alarmante aumento en los casos de violaciones de derechos humanos en la capital Colombiana. De acuerdo con un artículo en el Espectador, Naranjo, hizo un llamado para aumentar el personal que trabaja en dicha oficina que cuenta con sólo un personero.

Tres son las causas que son citadas como razones del creciente problema humanitario por el que atraviesa Bogotá: una creciente ola de amenazas de muerte, aumento en las desapariciones forzadas y aumento en número de personas que arrivan a la capital como producto del desplazamiento forzado.

Naranjo expresó su especial preocupación con la situación de miles de desplazados que actualmente viven en los parques y calles de Bogotá. Todos los días llegan a la capital más de 50 familias desplazadas como producto del conflicto armado que vive el país. Más de 1000 personas desplazadas de diferentes partes del país ocuparon por mas de 4 meses el parque Tercer Milenio en el centro de la ciudad en protesta por el abandono gubernamental.

De otra parte, las desapariciones forzadas se siguen presentando en la capital. Aún cuando varios funcionarios públicos han tratado de justifcar el problema de las desapariciones, al tratarlas de personas que se han enlistado en grupos al margen de la ley, el Personero de Bogotá Francisco Rojas Birry, ha denunciado que en la mayoría de las ocasiones las personas desaparecidas en Bogotá han sido desaparecidas por el ejército para luego ser asesinadas y mostradas como guerrilleros muertos en combate. Esta modalidad de desapariciones ha sido evidenciada en el proceso judicial que se adelanta en contra de 70 miembros de las fuerzas armadas por la desaparición de 11 jóvenes de Soacha, caso que se ha dado a conocer como el de “falsos positivos”. Sin embargo, la mayoría de las desapariciones en Bogotá siguen sin judializar, a lo que rojas Birry respondio, que es necesario la creación de mecanismos que permitan una respuesta rápida a las denuncias que se hagan por desapariciones forzadas y “falsos positivos”.

La oficina de la Defensoría del Pueblo con sede en Bogotá también ha tenido que enfrentar una ola de amenazas a través de panfletos que han sido distrubuidos en varios puntos de la capital.