Sexual violence against women in armed conflict: without truth, without justice, without reparation

Please note: Following are some excerpts from a publication by CODHES and translated to English by the US Office on Colombia:

“This week it was learned that Salvatore Mancuso, a paramilitary leader who demobilized four years ago and was extradited to the United States a year ago, must formally respond to the Justice and Peace Unit of the Prosecutor’s Office for 65 criminal offenses. Among others, the prosecution filed charges against Mancuso for his responsibility in the massacres of La Granja, El Aro (Ituango), La Gabarra, Pichilín, and El Salado... Amid the anticipation that the hearing has generated, there are several questions concerning the facts of sexual violence against women were known to be committed in the context of some of the massacres for which Mancuso is accused... During the free versions rendered by Mancuso between December 2006 and November 2008 – that were the basis for the construction of charges by the Attorney General’s Office – questions regarding all of these facts were left out ... Despite the fact that allegations against the paramilitaries exceed 80,000,…only 21 refer to charges of sexual violence. For female victims of sexual violence there has not been truth under the Justice and Peace Law.

Despite this, the voices of the victims reached the Constitutional Court, which learned about several of the acts of sexual violence in El Salado and La Gabarra - among others - through the cases that were documented by women’s organizations and that led to the Court, as a follow-up to decision T-025 of 2004, to establish an annex of 183 events and to order the Attorney General's Office to take up further investigations. Following this order, the Attorney General’s office gave its first annual report earlier this year, which, after being examined by the Court, concluded…there is no progress in women’s right to access the judicial process leading to punishment of those responsible. In fact, although the cases are still active, not a single sentence has been delivered. For displaced women victims of sexual violence there also has been no justice.

Without truth from the perpetrators or justice from the State, reparations seem impossible for a crime which by its impact on the lives and bodies of women could be classified as irreparable and with a high cost for Colombian society. We hope that Colombia will not reproduce the experience, for example, of Guatemala and Sierra Leone. After at least eight years of having ceased these two conflicts in which sexual violence was widely used as a weapon of war, invisibility and non-recognition remain of such victims along with a pattern of impunity…Sexual violence has become an endemic and pervasive phenomenon in those countries where, currently, the crime is higher than the figures recorded during the armed conflicts ..."

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Violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado: Sin verdad, sin justicia, sin reparación

Siguiente son algunas partes de una publicación por CODHES:

“Esta semana se conoció que Salvatore Mancuso, líder paramilitar desmovilizado hace cuatro años y extraditado a los Estados Unidos hace uno, deberá responder oficialmente ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía por 65 hechos delictivos. Entre otros, la Fiscalía formuló cargos contra Mancuso por su responsabilidad en las masacres de La Granja, El Aro (Ituango), La Gabarra, Pichilín y El Salado...Sin embargo, en medio de la expectativa que ha generado la audiencia, surgen varias preguntas en relación con los hechos de violencia sexual contra las mujeres que se conoce fueron cometidos en el marco de algunas de las masacres por las cuales se acusa a Mancuso...Durante las versiones libres rendidas por Mancuso entre diciembre de 2006 y noviembre de 2008 – que fueron la base para la construcción de los cargos por parte de la Fiscalía – las preguntas sobre todos estos hechos quedaron por fuera...A pesar de que las denuncias contra los paramilitares superan las 80.000,...solamente 21 hacían referencia a cargos por violencia sexual. Para las mujeres víctimas de violencia sexual no ha habido verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

No obstante, las voces de las víctimas llegaron hasta la Corte Constitucional, que pudo conocer acerca de varios de los hechos de violencia sexual cometidos en El Salado y La Gabarra – entre muchos otros – a través de los casos que fueron documentados por las organizaciones de mujeres y que dieron lugar a que la Corte, en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, creara un anexo reservado con 183 hechos y ordenara a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes. A raíz de esta orden, la Fiscalía rindió su primer informe de gestión a principios de este año, el cual, después de ser estudiado por la Corte, concluyó en la reciente expedición de un auto que demuestra hasta que punto no hay avances en la reivindicación del derecho de las mujeres a acceder a un proceso judicial que conduzca al castigo de los responsables. En efecto, a pesar de que los casos se encuentran activos, todavía no se ha producido la primera sentencia ejecutoria. Para las mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual tampoco ha habido justicia.

Sin verdad por parte de los perpetradores, ni justicia por parte del Estado, la reparación parece un imposible para un crimen que por su impacto sobre la vida y los cuerpos de las mujeres podría calificarse como irreparable y con un elevado coste para la sociedad colombiana. Esperemos que Colombia no reproduzca la experiencia, por ejemplo, de Guatemala y Sierra Leona. Después de, al menos, ocho años haberse finalizado estos dos conflictos armados en los cuales la violencia sexual fue ampliamente utilizada como arma de guerra, persiste la invisibilización y no reconocimiento de este tipo de víctimas así como el patrón de impunidad. Ello, actualmente, está repercutiendo en que la violencia sexual se convierta en un fenómeno endémico y omnipresente en dichos países en los cuales, actualmente, este delito alcanza cifras superiores a las registradas durante la época del conflicto armado...”