Police brutality continues.

In general, Latin American police forces do not garner positive media coverage. Cases of systematic abuses have often been reported from El Salvador, Mexico, Chile and Brasil. Although the Colombian police, by no means, has a clean record, it has managed to keep a lower profile than the forces in other Latin American countries. The Colombian police have often been cited for human rights abuses – and even to collaborating in crimes with the paramilitary forces, though at a much lesser degree than the Colombian military forces. To counter this, in 1993, the Colombian government initiated a novel reform to the police system: civilian oversight. Four years later, however, this new system was discontinued.

Colombian police violence and brutality towards civilians has been consistently reported over the past two decades, especially in the country’s larger cities. 166 members of the police force were charged for several different offensives of physical aggression against prisoners in Bogotá during 2008, according to a recent report in El Tiempo. Another 135 were investigated and charged for mistreating their authoritative position.

One particularly harrowing case occurred in the early morning hours of February 9, 2009. After detaining two boys who were involved in a fight on the street – both under the age of 14 – the police took them back to the station and handcuffed them to a railing. According to their parents, the police then tossed gasoline on them from a soda bottle and set the boys on fire. Both minors were later taken to two different hospitals where they received care for their wounds. Elkin Barrios, the doctor who cared for one of the boys, explained that her patient had second degree burns on about nine percent of his body. Following the incident, four police officers were suspended and Inspector General of the Police, General Guillermo Aranda Leal added that “Everything is under investigation.”

This single event in the capital was reflected in other cases of mistreatment of civilians by the police throughout the country. Last year, the Defensoría received 588 complaints from civilians who accused the national police of physical aggressions.

These claims must be investigated comprehensively and those responsible should be accorded due judicial sanctions.

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La brutalidad policial continua

En general, las fuerzas policiales de América Latina no reciben la prensa positiva. Casos de abusos sistemáticos han sido reportados a menudo en El Salvador, Mexico, Chile y Brasil. Aunque la policía colombiana, de ninguna manera, tiene una historia limpia, ha logrado mantener un perfil más bajo que las fuerzas de otros países latinamericanos. La policía colombiana ha sido citada por violaciones de los derechos humanos – e incluso a colaborar en delitos con los paramilitares, aunque en muchos menos casos que las fuerzas armadas colombianas. Para contrarrestar esto, en 1993, el gobierno colombiano inició una nueva reforma al sistema policial: la supervisión civil. Cuatro años más tarde, sin embargo, este nuevo sistema se suspendió.

Violencia y la brutalidad por parte de la policía colombiana contra la población civil ha sido reportado durante las últimas dos décadas, especialmente en las grandes ciudades del país. 166 miembros de policía fueron acusados de varias ofensivas de agresión física contra los civiles en Bogotá durante 2008, según un reciente artículo de El Tiempo. Otro 135 fueron investigados y acusados de abusar de su posición de autoridad.

Un caso especialmente angustioso ocurrió en las primeras horas de la mañana de 9 de febrero de 2009. Después de la detención de dos chicos que habían participado en una pelea en la calle – ambos de 14 años de edad – la policía les llevó a la estación y les esposó una barandilla. Según sus padres, la policía luego arrojó gasolina de una botella de gaseosa sobre los muchachos y les prendió fuego. Ambos menores fueron a dos diferentes hospitales donde recibieron atención para sus heridas. Elkin Barrios, el médico que cuidaba a uno de los niños, explicó que su paciente tenía quemaduras de segundo grado en aproximadamente el nueve por ciento de su cuerpo. Tras el incidente, cuatro policías fueron suspendidos y el Inspector General de la Policía, el general Guillermo Aranda Leal agregó que “todo está bajo investigación.”

Este evento en la capital se refleja en los demás casos de malos tratos de civiles por parte de la policía en todo el país. El año pasado, la Defensoría recibió 588 quejas de los civiles que acusaron a la policía nacional de agresiones físicas.

Estas alegaciones deben ser investigadas exhaustivamente y los responsables deben ser sancionados.

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