Colombia’s chief prosecutor, Mario Iguarán, has ordered an investigation of the Department of Administrative Security (DAS)’s offices following reports that some agents had wiretapped opposition leaders, journalists, and Supreme Court judges who were investigating congressmen with possible ties to paramilitary death squads.
The DAS, Colombia’s domestic secret police service directly answers to the office of the President. Colombia’s Interior Minister Fabio Valencia, however, stated that President Álvaro Uribe, far from having ordered the tapping, had been amongst the DAS’ victims. The president passionately denies having anything to do with the illegal wiretaps. “I have never given a single order to monitor the private lives of individuals. I am an honest man who plays fair with his opponents and does not cheat. Those who know me know that I don't work in this way.” The government has also stated that a mafia group is responsible for the illegal wiretappings.
Defense Minister Santos, while speaking to journalists in Washington, said the DAS “is an illness in a terminal state that should be given a Christian burial.” Policymakers as well as the administration have responded angrily to these remarks. Senator Armando Bendetti stated, Santos “is not the boss of the DAS and should not make these kinds of declarations while outside the country.” The presidency, also released a statement supporting the DAS stating that it is “important and necessary for democracy” in Colombia.
Many have responded to the administration’s claims that this is a plot by a supposed mafia group to intercept the security of the state as completely unfounded. Senator Gustavo Petro, who is firmly convinced the government ordered the wiretaps, said that this event just goes to show that the little bit of free democracy that was left in Colombia has diminished. The Supreme Court stated that the wiretapping by the intelligence service is “an attack against democracy and the freedom of opinion.”
Wiretappings have become an all-too-common means of violating the right to privacy of Colombian civilians – especially those striving for justice and human rights in the country. The Fiscalía must fully investigate the DAS and hold those found guilty accountable.
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El escándalo del DAS debe ser investigado completamente.
El Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, ha ordenado una investigación de la oficina del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) después de informes surgieron diciendo que algunos agentes habían intervinido en las comunicaciónes de líderes de la oposición, periodistas y jueces de la Corte Suprema que estaban investigando posibles vínculos entre algunos congresistas y los paramilitares.
El DAS, el servicio secreto de policía colombiana responde directamente a la oficina del Presidente. Según el Ministro del Interior, Fabio Valencia, sin embargo, el presidente Álvaro Uribe, lejos de haber ordenado la intervención, ha sido entre las víctimas del DAS. El presidente niega con vehemencia tener algo que ver con las intercepciones telefónicas ilegales. “Nunca he dado ni un sólo orden de monitear las vidas privadas de individuos. Soy un hombre honesto que juega de manera justa con sus adversarios y que no engaña. Los que me conocen saben que yo no trabajo de esta forma.” El gobierno también ha indicado que un grupo mafioso es responsable de las intercepciones telefónicas ilegales.
El ministro de Defensa, Santos, al hablar a los periodistas en Washington, dijo que el DAS “es una enfermedad en un estado terminal que se le debe dar un entierro cristiano.” Varios políticos y la administración de Uribe han respondido a estas observaciones enfadádamente. El senador Armando Bendetti dijo que el Santos “no es el jefe del DAS y no debe hacer este tipo de declaraciones mientras fuera del país.” La presidencia, también publicó una declaración de apoyo al DAS, que es una organización “importante y necesari[a] para la democracia” en Colombia.
Muchos han respondido a las declaraciones de la administración que la intercepción fue llevada acabo por un grupo mafioso como comentarios totalmente infundados. El senador Gustavo Petro, que está firmemente convencido de que el gobierno ordenó las intercepciones telefónicas, dijo que este caso sólo sirve para demostrar que la poca libertad de democracia que se quedó en Colombia, ha disminuida. El Corte Supremo declaró que la intercepción telefónica por el servicio de inteligencia es “un ataque contra la democracia y la libertad de opinión.”
Las intercepciones telefónicas se han convertido en un método común de violar el derecho de a la intimadad de los civiles colombianos - especialmente aquellos que luchan por la justicia y los derechos humanos en el país. La Fiscalía debe investigar completamente al DAS y asegurar que los responsables estén sentenciados.
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