The Colombian Constitutional Court rules that the government is failing to provide adequate attention to Afro-Colombian IDPs

The Colombian Constitutional Court recently released a decree on Afro-Colombian internally displaced persons (IDPs) finding that this population is one of the worst affected by displacement, with particular impacts not felt by the rest of the IDPs and that the Colombian Government had completely failed to provide specific programs and protection for this highly vulnerable group.

The Court found that nearly half of the entire Afro-Colombian population had been affected by internal displacement. Furthermore, the decree No. 005 of 2009 highlights a troubling sub-registration of Afro-Colombian IDPs, who make up 17.8% of the displaced population who has not been included in the government’s IDP database and thus do not receive state assistance. The Court identifies several reasons for this sub-registration, including, discrimination by government officials, problems with the national registration system, the refusal by the government to accept displacement by fumigations and the fact that many Afro-Colombian communities chose to stay in their land in resistance.

The decree specifies three main causes of the disproportionate amount of displacement suffered by the Afro-Colombians: 1) a structural exclusion of Afro-Colombians which increases their vulnerability and marginalization, for example, 80% of Afro-Colombians do not have their basic needs met, 60% live in a critical state of poverty and life expectancy is only 55, according to the national census of 2005; 2) Agricultural and mining megaprojects which operate illegally in their ancestral territory and lead to displacement; 3) the lack of adequate judicial and institutional protection for Afro-Colombians’ collective territory which facilitates the presence of illegally armed actors in these lands.

The decree finds that 96.5% of Afro-Colombian registered IDPs are living below the poverty line and over 65% of Afro-Colombian IDPs are below 25-years of age. Furthermore, 80% of Afro-Colombian IDPs live in the poorest and most dangerous areas of the major cities, which only increases their vulnerability and marginalization and can lead to further displacements. Living in these urban centers also has a detrimental affect on their cultural and spiritual practices.

Discrimination is also another major issue affecting all Afro-Colombians, but those who are displaced experience it doubly: For being black and for being displaced. The Court reports cases of Afro-Colombian IDPs being discriminated against by members of the government agency responsible for providing for this population (Social Action). For example, the decree recounts the story of one Afro-Colombian woman who was displaced with her five children, while pregnant with a sixth and who had lost her husband. The woman went to Social Action to receive the food ration owed to her under the law. The coordinator of the center in Tumaco in the department of Nariño responded to the woman’s request for food by opening a bag of rice and pouring it at the woman’s feet saying, “Well if you’re hungry you can eat that”. This is just one of many cases, according to the Court, which also highlights racism in the classroom by both teachers and students, which forces Afro-Colombian IDPs to take their children out of school.

Despite the absolute need to provide specific attention to the Afro-Colombian IDP population the Constitutional Court finds that the government has completely failed to do so and has not allocated funds to address this pressing issue. Furthermore, according to the Court, Afro-Colombians are the most marginalized population as far as the government’s IDP programs are concerned. The Decree also highlights the government’s failure to recognize the underlying structural problems that have led to a disproportionally high number of Afro-Colombians being internally displaced.

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La Corte Constitucional de Colombia declara que el gobierno no está dando la atención suficiente a los desplazados internos afro-descendientes

La Corte Constitucional de Colombia publicó recientemente un decreto sobre desplazados internos afrocolombianos, diciendo queesta población es uno de las más afectadas por el desplazamiento, con impactos particulares no sufridos por otros desplazados internos y que el gobierno colombiano ha fracasado completamente en proveer programas específicos y protección para este grupo altamente vulnerable.

La Corte encontró que casi la mitad de toda la población afrocolombiana se ha visto afectada por el desplazamiento interno. Además, el Decreto N º 005 de 2009 subraya una preocupante sub-registro de los afrocolombianos desplazados internos, que representan el 17,8% de la población desplazada que no ha sido incluida en la base de datos de desplazados internos del gobierno y, por lo tanto, no reciben asistencia del Estado. La Corte identifica varias razones para este sub-registro, incluyendo la discriminación por los funcionarios del gobierno, problemas con el sistema de registro nacional, rechazo del gobierno a aceptar el desplazamiento causado por las fumigaciones y el hecho de que muchas comunidades afrocolombianas eligieron quedarse en su tierra en resistencia.

El decreto especifica tres causas principales de la desproporcionada cantidad de desplazamiento sufrido por los afrocolombianos: 1) Exclusión estructural de los afrocolombianos que aumenta su vulnerabilidad y marginalización, por ejemplo, el 80% de los afrocolombianos no tienen sus necesidades básicas satisfechas, el 60% viven en un estado crítico de la pobreza y la esperanza de vida es sólo el 55, según el censo nacional de 2005; 2) Los megaproyectos agrícolas y mineros que operan ilegalmente en su territorio ancestral y provocan el desplazamiento; 3) La falta de una adecuada protección judicial e institucional para los territorios colectivos afrocolombianos que facilita la presencia de actores armados ilegales en estos lugares.

El decreto encuentra que el 96,5% de los afrocolombianos desplazados internos registrados viven por debajo del umbral de pobreza y más del 65% de los afrocolombianos desplazados tienen menos de 25 años de edad. Además, el 80% de los afrocolombianos desplazados internos viven en las zonas más pobres y más peligrosas de las grandes ciudades, que sólo aumenta su vulnerabilidad y marginalización que puede resultar en nuevos desplazamientos. Vivir en estos centros urbanos también tiene un efecto negativo en sus prácticas culturales y espirituales.

La discriminación es otro problema grave que afecta a todos los afrocolombianos, pero los que son desplazados la experiencian doblemente: Por ser negro y por ser desplazado. La Corte informa casos en que los afrocolombianos desplazados por el conflicto interno son discriminados por los miembros de la agencia del gobierno responsable de ayudar a esta población (la Acción Social). Por ejemplo, el decreto cuenta la historia de una mujer afro-colombiana que fue desplazada con sus cinco hijos, durante el embarazo con un sexto, y que habían perdido a su marido. La mujer fue a la Acción Social para recibir las raciones de alimentos a los que tienia derecho según la ley. El coordinador del centro de Tumaco, en el departamento de Nariño, respondió a la petición de la mujer por abrir una bolsa de arroz y regarla en los pies de la mujer diciéndole: “Bueno, si tienes hambre, puedes comer esto.” Éste es sólo uno de muchos casos, según la Corte, que también habla del racismo en los escualas por parte de los profesores y estudiantes, causando en los afrocolombianos desplazados el retiro de sus hijos de la escuela por las burlas y rechazos permanentes.

A pesar de la absoluta necesidad de prestar atención especial a la población de los afrocolombianos desplazados internos, la Corte considera que el gobierno ha fallado completamente para hacerlo y no ha asignado fondos para hacer frente a este asunto importante. Además, según la corte, los afrocolombianos son la población más marginalizada con respecto a los programas del gobierno para los desplazados internos. El decreto también subraya el fracaso del gobierno a reconocer los problemas estructurales que han causados a un número desproporcionadamente alto de los afrocolombianos siendo desplazados internamente.