Proposed Victims Law a Major Backward Step for Reparation

On November 12, the First Commission of the Colombian Chamber of Representatives passed a bill intended to establish measures for reparation and protection of victims of the Colombian armed conflict. In reality the bill is a backward step for the country’s reparation policy, and as the United Nations claimed, is “discriminatory”.

The United Nations’ main objection is that the proposed law dictates that victims can only benefit from it if their victimization occurred before its approval, thus excluding all future victims. The bill also stipulates that victims must go through a process that will be designed by the government in order to recognize them as a victim. Moreover, although it allows for victims of crimes committed by state agents to receive reparations —which the government had at first opposed categorically— they can only do so after a judicial sentence, and only if the perpetrator was a member of the public forces (which includes the military and the police, but not intelligence services or other state agents).

This would mean that the families of the hundreds of civilians executed by the government’s armed forces (there are 535 alleged cases between January 2007 and June 2008) would not have immediate access to reparations.

Colombian Human Rights NGOs also rejected the bill and said that it goes against the victims’ rights as well as international human rights standards. Iván Cepeda, head of the Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), said that a commission of Colombian human rights activists will travel to the United States this week to raise awareness about the proposed law’s shortcomings.

The bill’s original sponsor, Senator Juan Fernando Cristo (Liberal Party, opposition), rejected the modifications to the law and requested that the bill be shelved. “Just like the paramilitaries dismembered many Colombians, the government dismembered this bill,” he said.

The bill will have to be voted once more in the Chamber of Representatives before it is made into a law.

Proyecto de ley de víctimas: gran retroceso para la reparación

El 12 de noviembre la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley con el fin de establecer medidas de reparación y protección para las víctimas del conflicto armado colombiano. En realidad, el proyecto es un retroceso para la política de reparación y, tal como lo afirmó la ONU, es “discriminatoria”.

La principal crítica de Naciones Unidas es que el proyecto estipula que las víctimas sólo pueden acogerse a la ley si su victimización ocurrió antes de su aprobación, excluyendo así a todas las víctimas futuras. El proyecto también establece que las víctimas deberán atravesar un proceso que será diseñado por el gobierno para acreditarse como víctimas. Además, aunque permite a que las víctimas de crímenes de Estado reciban reparaciones —lo cual el Gobierno se negaba a aceptar anteriormente—, sólo pueden hacerlo luego de una sentencia judicial, y sólo si el victimario pertenecía a la Fuerza Pública (es decir, a las Fuerzas Militares o a la Policía, pero no al DAS o a otros agentes estatales).

Esto significaría que las familias de los cientos de civiles ejecutados por las Fuerzas Militares (hay 535 presuntos casos entre enero de 2007 y junio de 2008) no tendrían acceso inmediato a reparaciones.

Varias ONG de derechos humanos también rechazaron el proyecto y señalaron que va en contra de los derechos de las víctimas y de los estándares internacionales de derechos humanos. Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), dijo que una comisión de activistas de derechos humanos estarán en Estados Unidos esta semana para mostrar las deficiencias del proyecto de ley.

El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal, oposición), quien impulsó el proyecto original en el Senado, rechazó las modificaciones y solicitó que el proyecto sea archivado. “El gobierno nacional ha descuartizado la ley, de la misma manera que los victimarios descuartizaban a sus víctimas”, dijo.

El proyecto deberá ser votado una vez más en la plenaria de la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, pasará a concertación con lo que se aprobó en el Senado antes de convertirse en ley.