The shake-up in the Colombian military over the extrajudicial executions scandals and President Uribe's recognition of the problem are good first steps toward addressing a long-known practice, but they must be followed up with other measures in order to adequately address this systematic practice.
The Colombian government recently dismissed three army generals and 24 soldiers in the midst of a "false positives" scandal, involving extrajudicial executions of civilians in order to increase body counts in the fight against illegal armed groups. The firings then resulted in the resignation, on Tuesday, of the army commander, General Mario Montoya.
President Álvaro Uribe also announced on Thursday that every military and police unit will have an officer receiving citizens' complaints about human rights abuses, and promised to give weekly accountability reports on such complaints starting on November 17.
These measures are the result of an investigation that was launched by the government and the military on October 24 into the high-profile extrajudicial executions cases where 19 young men went missing from Ciudad Bolivar (Bogota) and Soacha (Cundinamarca) and there bodies were later found in mass graves in Ocaña (Norte de Santander), and Cimitarra (Santander). These cases are examples of an apparently new modality for "false positives," consisting in luring young men from poor neighborhoods with job offers in other regions. After they are taken away, they are reported as killed in battle. Other such cases have taken place in Toluviejo (Sucre), Chinú (Córdoba), Sahagún (Córdoba) and Chinchiná (Caldas).
These government measures are positive. Nevertheless, the issue of extrajudicial executions goes back much further in time than the crimes that produced the latest scandal, and it is not a matter of isolated cases, but a "widespread and systematic" practice, as the United Nations High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, observed. The recent military sackings made evident, when there is political will, the government is capable of responding to this issue in a fast and effective manner. Hopefully it can address the hundreds of other cases of extrajudicial executions throughout the country in the same manner.
Cases of extrajudicial executions saw a 65% increase in between 2002 and 2007, according to a 2007 report by the Medellín based NGO Instituto Popular de Capacitación. A recent report by the Colombia-Europe-United States Coordination revealed cases of alleged extrajudicial executions in 27 of the 32 departments of Colombia and an impunity rate for the cases that they are following of 78.1%. The same report concluded that there were 535 extrajudicial killings reported between January 2007 and 30 June 2008, it appears that numerous cases occurred in areas where US-trained or funded Colombian security forces operate, and cases of alleged extrajudicial executions were present in 27 or the 32 Colombian departments.
Moreover, the "body count" system as a measure of military success is still prevalent among many sectors of the armed forces despite public appeals by the government against it. It is worrisome that the new army commander, General Óscar González, was commended in 2006 for reaching high body counts, as reported by El Tiempo. Although González was picked by the government for having a clean record, González has also been the object of controversy for alleged abuses committed by his division in Antioquia between 2003 and 2005.
The recent measures are certainly very positive, but they must not be seen as an ultimate solution to the issue of extrajudicial executions or to systematic military practices involving human rights violations. It remains to be seen whether the government and the military forces' commitment to respecting human rights expressed in the past few days proves real in practice.
The Attorney General's office (Fiscalía) is currently reviewing 657 cases involving 688 members of the military. There have been 43 convictions and 12 are still undergoing criminal proceedings. Moreover, the Solicitor General's office (Procuraduría) is investigating 2,742 members of the army for the same crime.
The government ought to reinforce judicial processes on "false positives" and take action regarding other members of the military that are found responsible of illegal conduct as investigations move forward, even if media attention shifts away from the issue. It would also do well to recognize the veracity of NGO reports on the matter and recant its inflammatory remarks against those who have been long denouncing this practice.
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Revuelco en las Fuerzas Militares: positivo pero no suficiente
El revuelco en las Fuerzas Militares colombianas a causa de los escándalos por las ejecuciones extrajudiciales y el reconocimiento del problema por parte del presidente Uribe son pasos positivos en la dirección de remediar una práctica conocida de tiempo atrás, pero deben ser complementados con otras medidas para resolver adecuadamente esta práctica sistemática.
La semana pasada el gobierno colombiano retiró a tres generales y 24 soldados del ejército en medio de un escándalo de "falsos positivos" por ejecuciones extrajudiciales de civiles que tendrían como fin aumentar el “conteo de cuerpos” en la lucha del ejército contra los grupos armados ilegales. Los despidos resultaron en la renuncia, el martes, del comandante del Ejército, el general Mario Montoya.
Ese mismo día el Presidente Álvaro Uribe Vélez anunció que todas las unidades militares y de policía tendrán de ahora en adelante un oficial que recibirá las denuncias de los ciudadanos sobre violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. El presidente prometió dar, a partir del 17 de noviembre, informes semanales de los reclamos recibidos.
Estas medidas son el resultado de investigaciones iniciadas el 24 de octubre por el gobierno y el ejército acerca del caso altamente divulgado de las ejecuciones extrajudiciales de 19 jóvenes desaparecidos de Ciudad Bolívar (Bogotá) y Soacha (Cundinamarca), cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas comunes en Ocaña (Norte de Santander) y Simitarra (Santander). Este caso es un ejemplo de lo que aparentemente sería una nueva modalidad de ejecuciones extrajudiciales, la cual consistiría en atraer jóvenes de barrios deprimidos con ofertas de trabajo en otras regiones y, una vez reclutados, presentarlos como muertos en combate. Casos similares han ocurrido en Toluviejo (Sucre), Chinú (Córdoba), Sahagún (Córdoba) y Chinchiná (Caldas).
El hecho de que el alto gobierno tome estas medidas es muy positivo, teniendo en cuenta que los reportes de abusos por parte de las fuerzas militares en general son ignorados o desestimados, si no son rechazados de plano y demonizados como sirviendo a los intereses de las FARC. Con estas medidas se demuestra que cuando hay voluntad política, el gobierno puede responder de forma rápida y efectiva a las violaciones de derechos humanos. Sólo resta esperar que responda de la misma forma a los otros cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país.
Sin embargo, la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales se remonta mucho más atrás que el escándalo más reciente y no se trata en modo alguno de casos aislados, sino de una política sistemática y ampliamente difundida, tal como lo sostiene Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los casos de ejecuciones extrajudiciales aumentaron en 65% entre 2002 y 2007 según un reporte hecho en 2007 por el Instituto Popular de Capacitación, ONG basada en Medellín. Así mismo, un reciente reporte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos reveló casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 27 de los 32 departamentos del país, con una tasa de impunidad de 78.1% en los casos a los que la Coordinación está haciendo seguimiento. El mismo reporte asegura que se reportaron 535 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, que varios casos ocurrieron en zonas donde operan fuerzas de seguridad entrenadas o financiadas por Estados Unidos, y que hubo casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 27 de los 32 departamentos colombianos.
Aún más, el “conteo de cuerpos” como medida de éxito aún prevalece en muchos sectores de las Fuerzas Armadas pese a los llamados de atención públicos por parte del gobierno. Es preocupante que el nuevo comandante del Ejército, el General Oscar González, haya sido premiado en 2006 por alcanzar altos “conteos de cuerpos”, según El Tiempo. Pese a que fue escogido por el gobierno por no tener antecedentes, González también ha sido objeto de controversias por presuntos abusos cometidos por la división a su cargo en Antioquia entre 2003 y 2005.
Las medidas recientes son sin duda muy positivas pero no pueden ser vistas como la solución definitiva al problema de las ejecuciones extrajudiciales y demás prácticas sistemáticas por parte del ejército que implican violaciones a los derechos humanos. Aún queda por ver si el compromiso expresado por el gobierno y las Fuerzas Armadas se muestra real en la práctica.
Actualmente la Fiscalía General de la Nación está procesando 657 casos que involucran a 688 miembros de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento ha habido 43 condenas y 12 casos están siendo juzgados. Además, la Procuraduría está investigando a 2,742 miembros del Ejército por el mismo crimen.
El gobierno debe reforzar las acciones judiciales por casos de “falsos positivos” y tomar acciones contra otros miembros de las Fuerzas Armadas que sean encontrados responsables cuando las investigaciones avancen, incluso si el problema deja de recibir la atención de los medios. También sería conducente reconocer la veracidad de los informes de las ONGs y retractarse de los comentarios inflamatorios en contra de aquellos que desde hace tiempo vienen denunciando este tipo de prácticas.
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