Aunque las
autoridades colombianas han expuesto la colusión entre paramilitares y varios
políticos de derecha desde el 2006, sólo hasta ahora comienzan a considerarse
cargos en contra de oficiales colombianos del más alto nivel.
En enero del 2013 la Fiscalía General de la Republica de Colombia reabrió la investigación penal en contra del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por la presunta conformación y apoyo a grupos paramilitares a mediados de los años 90 mientras se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia[i]. Conocido como el caso Guacharacas, la investigación es monumental para la política colombiana porque es la primera vez que un ex mandatario ha sido acusado de haber ayudado directamente a paramilitares, ampliamente conocidos por haber cometido masacres y otros crímenes atroces. El caso Guacharacas, nombrado así por la finca de la familia Uribe donde presuntamente sucedieron los hechos, ha enfrentado graves obstáculos legales y políticos, y los testigos claves y los defensores de derechos humanos a cargo del caso han sufrido repetidas amenazas contra sus vidas y su seguridad. Para asegurar el debido proceso y la protección de las vidas de los involucrados en el caso, la comunidad internacional debe pronunciarse para apoyar el funcionamiento independiente y eficiente del sistema judicial y las medidas de protección efectivas para los testigos y los defensores de derechos humanos.
Paralelo a la investigación en contra del ex presidente se abrió una investigación en contra de su hermano, Santiago Uribe Vélez, y de sus socios Santiago Gallón Henao y Juan Guillermo Villegas Uribe. El Representante de la Cámara de Representantes de Colombia, Iván Cepeda Castro, conocido por su trabajo de apoyo a las voces de las víctimas, ha solicitado participación en ambos procesos como parte civil representando los intereses de comunidades víctimas de graves crímenes. La Fiscalía lo ha admitido en el segundo proceso pero a la fecha no ha respondido en cuanto a la solicitud en el proceso en contra de Álvaro Uribe. En ambos procesos los abogados del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) José Humberto Torres, Gloria Silva y Franklin Castañeda interpondrían acciones judiciales en nombre del Representante Cepeda[ii].
Aunque se abrieron las dos investigaciones a raíz de los mismos hechos, van por vías separadas dado el fuero que ampara a Álvaro Uribe por haberse desempeñado como gobernador de Antioquia (1995-1997) al momento de los presuntos hechos. Esos hechos son la presunta participación en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[iii], al cual se le atribuye la comisión de crímenes como masacres (mal llamadas “limpieza social”) las cuales perseguían grupos insurgentes y líderes sindicales, entre otros grupos[iv].
Más de 150 oficiales colombianos han sido investigados por colaborar con grupos paramilitares desde el 2006, 55 de los cuales ya han sido condenados. Aún así, esta es la primera vez que una investigación penal se abre contra un ex alto mandatario; si el Sr. Alvaro Uribe es declarado culpable, se demostraría que la colusión entre paramilitares y políticos ocurrió con el consentimiento, si no el fomento, de los niveles más altos de gobierno.[v]
Los testimonios de los dos testigos han sido fuentes fundamentales de evidencia en el caso, dado que ambos han afirmado que paramilitares tenían acceso a la Hacienda Guacharacas. Los testigos principales son Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve, ambos ex miembros del Bloque Metro ahora encarcelados por haber sido miembros de esa organización. Además de haber sido miembro activo del Bloque, Monsalve era hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas y trabajó allí[vi]. Monsalve ha padecido dos atentados a su vida desde que accedió a participar como testigo en la investigación: el primero el 23 de marzo de 2012 cuando, en la misma cárcel donde estaba recluido, dos hombres lo atacaron con puñales[vii]; y el segundo en marzo 2013 cuando se halló un veneno altamente tóxico en su comida[viii]. El Representante Cepeda también ha denunciado amenazas e incidentes en su contra a raíz de su trabajo en el proceso[ix].
En enero del 2013 la Fiscalía General de la Republica de Colombia reabrió la investigación penal en contra del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por la presunta conformación y apoyo a grupos paramilitares a mediados de los años 90 mientras se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia[i]. Conocido como el caso Guacharacas, la investigación es monumental para la política colombiana porque es la primera vez que un ex mandatario ha sido acusado de haber ayudado directamente a paramilitares, ampliamente conocidos por haber cometido masacres y otros crímenes atroces. El caso Guacharacas, nombrado así por la finca de la familia Uribe donde presuntamente sucedieron los hechos, ha enfrentado graves obstáculos legales y políticos, y los testigos claves y los defensores de derechos humanos a cargo del caso han sufrido repetidas amenazas contra sus vidas y su seguridad. Para asegurar el debido proceso y la protección de las vidas de los involucrados en el caso, la comunidad internacional debe pronunciarse para apoyar el funcionamiento independiente y eficiente del sistema judicial y las medidas de protección efectivas para los testigos y los defensores de derechos humanos.
Paralelo a la investigación en contra del ex presidente se abrió una investigación en contra de su hermano, Santiago Uribe Vélez, y de sus socios Santiago Gallón Henao y Juan Guillermo Villegas Uribe. El Representante de la Cámara de Representantes de Colombia, Iván Cepeda Castro, conocido por su trabajo de apoyo a las voces de las víctimas, ha solicitado participación en ambos procesos como parte civil representando los intereses de comunidades víctimas de graves crímenes. La Fiscalía lo ha admitido en el segundo proceso pero a la fecha no ha respondido en cuanto a la solicitud en el proceso en contra de Álvaro Uribe. En ambos procesos los abogados del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) José Humberto Torres, Gloria Silva y Franklin Castañeda interpondrían acciones judiciales en nombre del Representante Cepeda[ii].
Aunque se abrieron las dos investigaciones a raíz de los mismos hechos, van por vías separadas dado el fuero que ampara a Álvaro Uribe por haberse desempeñado como gobernador de Antioquia (1995-1997) al momento de los presuntos hechos. Esos hechos son la presunta participación en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[iii], al cual se le atribuye la comisión de crímenes como masacres (mal llamadas “limpieza social”) las cuales perseguían grupos insurgentes y líderes sindicales, entre otros grupos[iv].
Más de 150 oficiales colombianos han sido investigados por colaborar con grupos paramilitares desde el 2006, 55 de los cuales ya han sido condenados. Aún así, esta es la primera vez que una investigación penal se abre contra un ex alto mandatario; si el Sr. Alvaro Uribe es declarado culpable, se demostraría que la colusión entre paramilitares y políticos ocurrió con el consentimiento, si no el fomento, de los niveles más altos de gobierno.[v]
Los testimonios de los dos testigos han sido fuentes fundamentales de evidencia en el caso, dado que ambos han afirmado que paramilitares tenían acceso a la Hacienda Guacharacas. Los testigos principales son Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve, ambos ex miembros del Bloque Metro ahora encarcelados por haber sido miembros de esa organización. Además de haber sido miembro activo del Bloque, Monsalve era hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas y trabajó allí[vi]. Monsalve ha padecido dos atentados a su vida desde que accedió a participar como testigo en la investigación: el primero el 23 de marzo de 2012 cuando, en la misma cárcel donde estaba recluido, dos hombres lo atacaron con puñales[vii]; y el segundo en marzo 2013 cuando se halló un veneno altamente tóxico en su comida[viii]. El Representante Cepeda también ha denunciado amenazas e incidentes en su contra a raíz de su trabajo en el proceso[ix].
Estos intentos de silenciar aquellos involucrados en el caso destacan
los riesgos en el litigio de casos polémicos y de alto perfil que conllevan
implicaciones para toda Colombia. Así entonces, es esencial que las garantías
del debido proceso sean observadas estrictamente, que el órgano jurisdiccional
adelante sus labores sin ser sujeto a presión alguna, y que haya todas las
protecciones a los testigos y a la parte civil en el proceso. En torno a eso,
varias organizaciones de derechos humanos de EEUU le han solicitado al gobierno
del Presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, que adelante las gestiones
necesarias para garantizar la protección
del congresista y la de su unidad legislativa[x].
Las amenazas en contra del representante Cepeda y otros involucrados en caso
deben ser efectivamente investigados y perseguidos de acuerdo a la ley. Las
vidas de los testigos y los representantes legales también deben ser protegidas
y sus derechos respetados. Además, el sistema judicial debe adquirir completa
independencia como lo dicta la ley Colombiana con el fin de avanzar este y
todos los casos de presuntos abusos a derechos humanos.
